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Jueves, 15 de septiembre de 2011

Una propuesta sensata y atractiva

La economía puertorriqueña nunca alcanzará su gran potencial bajo el estatus territorial actual. El reciente informe del Task Force de Casa Blanca concuerda en que “el bienestar económico de Puerto Rico a largo plazo mejoraría dramáticamente con una pronta decisión sobre su estatus político”. La historia también demuestra que todo territorio convertido en estado experimenta un aumento significativo en inversión y actividad económica y una gran mejoría en su estándar de vida.

No soy de los líderes políticos que argumenta, de forma simplista, que el gobierno de Puerto Rico debe enfocarse en los asuntos económicos dejando a un lado el estatus. Tal como lo reconoció el Task Force de Casa Blanca, estoy convencido de que los problemas económicos de la Isla son en gran medida una consecuencia del problema de nuestro estatus.

Sin embargo, hasta tanto el pueblo de Puerto Rico se exprese a favor de la Estadidad, haré lo que esté a mi alcance para fortalecer nuestra economía. Aunque mi deseo es que Puerto Rico logre la igualdad política, social y económica que sólo le puede brindar la Estadidad, seguiré trabajando de forma pragmática con lo que tenemos, sacándole el jugo, aún con todas sus limitaciones.

En el pasado, se han propuesto diversos incentivos contributivos a nivel federal para motivar inversión y creación de empleos en Puerto Rico. Por muchos años las compañías americanas con operaciones en la isla recibieron un generoso trato contributivo bajo la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal. A mediados de los 90, líderes congresionales y organizaciones no-partidistas denunciaron que la 936 servía más para enriquecer grandes empresas que para crear empleos en la Isla, que era manipulada fácilmente y que el beneficio económico para Puerto Rico era muy bajo comparado con su costo al Tesoro federal. Debido a esto el Congreso la derogó en 1996.

Desde la desaparición de la 936, líderes políticos locales y del sector privado han exhortado al Congreso a promulgar incentivos contributivos para ayudar a la frágil economía de Puerto Rico. Una propuesta del liderato local enmendaría la Sección 243 del Código de Rentas Internas que establece el trato contributivo de los dividendos que corporaciones domésticas le pagan a sus empresas matrices en Estados Unidos.

Actualmente, la mayoría de las compañías americanas haciendo negocios en la Isla están organizadas como corporaciones foráneas controladas (CFCs) y sus ingresos no están sujetos a tributación federal hasta que son distribuidos a sus matrices mediante dividendos. Pero cuando las CFCs deciden remitir sus ingresos a sus matrices en los estados, tienen que pagar contribuciones federales por la totalidad de esos ingresos. Mientras tanto, las corporaciones subsidiarias que hacen negocios en los estados tienen la ventaja de poder distribuir sus ganancias a sus matrices sin que éstas tengan que tributar por los mismos. En efecto, aunque muchas CFCs ubicadas fuera de los estados, incluyendo en Puerto Rico, quisieran repatriar sus ganancias e invertirlas dentro de Estados Unidos, no lo hacen por el alto costo contributivo envuelto. Por esto, miles de millones de dólares en ganancias de CFCs que pudieran entrar a la economía americana, se mantienen en vez en el extranjero.

Bajo la propuesta enmienda a la Sección 243, las CFCs en Puerto Rico podrían distribuir sus ganancias a las mismas tasas contributivas preferenciales que disfrutan sus pares en los estados. Por consiguiente, los partidarios de esta propuesta aseguran que este cambio en el trato contributivo que recibe Puerto Rico animaría a compañías a invertir en la isla y a repatriar sus ganancias a los Estados Unidos—lo que ayudaría tanto a la economía local como a la nacional.

Es importante reconocer que este tipo de iniciativa ya ha sido rechazada por el Congreso en múltiples ocasiones. La mayor crítica es que la Sección 243 está diseñada para prevenir que las ganancias corporativas tributen doblemente—al nivel de la corporación subsidiaria y al nivel de su matriz-- y que ese no es el caso en Puerto Rico pues las CFCs no tienen que pagar contribuciones federales por sus ingresos en la isla. En otras palabras, los detractores han señalado que el cambio propuesto permitiría que compañías multinacionales utilicen a Puerto Rico para evadir toda tributación federal por sus ganancias. No debe sorprender entonces que en el pasado congresistas de alto nivel de ambos partidos nacionales hayan expresado reservas al respecto.

Por lo tanto, es claro que cualquier propuesta que presentemos ante el Congreso tiene que cumplir con tres requisitos importantes. Debe tener el potencial de generar nueva inversión y empleos en la isla, debe incentivar la repatriación de capital a Estados Unidos y debe contener disposiciones para prevenir abuso o evasión. Próximamente, el Gobernador Fortuño y yo revelaremos una propuesta sensata y atractiva que cumple con el propósito de buscar un mejor trato para las corporaciones que hacen negocios en Puerto Rico y que tiene una buena oportunidad de ser aprobada por el Congreso.